Se trata del BADE (Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico) y del CEDIM (Certificados de Depósitos Inmobiliarios). El primero es un bono nacional destinado a financiar «inversiones en YPF y otros proyectos de infraestructura a determinar», y el segundo será en dólares estadounidenses. Ellos buscarán captar activos en moneda extranjera no declarados. Se habla de 40 mil millones de dólares no declarados en el país y no menos de 120 mil millones en el exterior.
A través de su equipo económico en pleno –esto es Hernán Lorenzino, ministro de Economía; Axel Kicillof, vice; Guillermo Moreno, secretario de Comercio; Mercedes Marcó del Pont, titular del Banco Central, y Ricardo Echegaray, titular de la AFIP–, el Gobierno nacional anunció este martes el lanzamiento de una serie de bonos cuyo principal fin es “dinamizar la inversión energética e inmobiliaria”, como se mencionó, pero que apunta a blanquear capitales no declarados en moneda extranjera, en el país y en el exterior.
Estos bonos se implementarán gracias a las recientemente aprobadas leyes de Mercado de Capitales y de reforma de la Carta Orgánica de Banco Central, aunque para desarrollarlas se enviarán iniciativas parlamentarias al Congreso.
De acuerdo a la explicación oficial, los proyectos contemplan la implementación de un blanqueo de capitales que permitirá a las personas físicas o jurídicas ingresar sus dólares no declarados al circuito formal, a través de instrumentos financieros orientados a dinamizar la inversión en el sector energética y de la construcción.
De acuerdo a lo manifestado por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ese blanqueo de fondos no declarados se podrá hacer sin pagar impuestos ni sufrir ningún tipo sanción administrativa o penal, es decir que estarán “liberados de sanciones por la Ley Penal Tributaria y la Ley Penal Cambiaria”, aunque quedarán excluidos de la posibilidad de acogerse al nuevo sistema aquellos que incurrieran en lavado de activos y financiamiento de actos de terrorismo, los querellados o imputados penalmente, los judicialmente quebrados, así como los funcionarios públicos y sus familiares de todos los poderes y todos los niveles.
En ese marco, dijo con nombre y apellido que no podrán hacerlo Lázaro Báez, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro, el HSBC, Leonardo Fariña, Susana Giménez, Molinos Río de La Plata, Francisco De Narváez, Ricardo Fort, Pablo Lunati, Jonathan Botinelli, Eduardo Eurnekian, Roberto Giordano, entre otros reconocidos personajes mencionados por Echegaray.
Ese beneficio para poder ingresar al circuito formal, que será de modo voluntario o para realizar inversiones, las personas físicas y jurídicas tendrán tiempo hasta el 30 de abril de este año. En ese sentido, el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso y, si la norma se sanciona, se otorgarán tres meses de plazo a partir de la promulgación en el Boletín Oficial.
Fuente: andigital.com.ar